Sentencias de Interés para el Colectivo de los Graduados Sociales
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Revés judicial para la Inspección de Trabajo. El Tribunal Supremo (TS) ha fijado doctrina al establecer que este órgano, dependiente del Ministerio de Trabajo, no puede acceder sin autorización judicial al domicilio social de una empresa, aunque no practique registro ni incautación de documentos.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) determina que el subsidio por desempleo para mayores de 52 años es compatible con la indemnización por despido, aunque se perciba en forma de renta mensual.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la situación de incapacidad permanente absoluta (IPA) en la que se encuentra una informática de 37 años debido a la fatiga, dolor de cabeza y niebla mental que padece.
La Audiencia Nacional da la razón a Hacienda en su batalla contra los despidos de trabajadores mayores de 50 años y considera que las salidas son pactadas si aceptan indemnizaciones menores a las que les corresponderían por ley, calculadas en función de los años que les quedan para jubilarse.
La Sala de lo Social confirma que no cabe introducir en demanda una petición superior a la planteada en la reclamación previa si no existen hechos nuevos o agravación sobrevenida
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia y el debate se acabó. Las ausencias del trabajo por motivos familiares urgentes —las previstas en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores (ET)— son retribuidas por imperativo legal.
El TSJ del País Vasco confirma que no es imprescindible una prueba documental objetiva cuando el relato de la trabajadora es coherente, persistente y no aparece desmentido por otros elementos
Agredir a un compañero fuera de la oficina… no solo está mal visto moralmente, sino que también te acaba costando el empleo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha recordado en su sentencia nº 52/2026, de 13 de enero, la doctrina del Supremo: aunque el trabajador esté fuera del trabajo; sigue vinculado por la buena fe contractual y sus actos pueden afectar a la relación laboral.
Los ciudadanos españoles usuarios de la salud pública tienen derecho a acceder a su historial clínico. Y cualquier barrera que dificulte o separe al paciente de ello, es merecedora de reproche.
La Audiencia Nacional (AN) obliga a todas las empresas del sector de contact center (centro de atención al cliente) a dar un día adicional a los trabajadores que descansen los sábados si coincide con un festivo, ya sea local, autonómico o estatal.
El sistema fiscal español obliga a los contribuyentes a realizar su propia autoliquidación. Al objeto de ayudar al ciudadano a cumplir sus obligaciones tributarias, la Agencia Tributaria ha creado el programa INFORMA que es un cauce par obtener información escrita de la Agencia Tributaria a consultas planteadas por los ciudadanos. Este programa contiene una base datos de preguntas y respuestas tributarias a las que pueden acceder tanto usuarios internos como externos.
Las agendas profesionales, aunque sean de uso personal, pueden ser objeto de control empresarial cuando exista una causa justificada. Así lo ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en su sentencia nº251/2026, donde , que ha avalado el acceso de la empresa a la agenda digital de una directiva para comprobar su carga de trabajo, descartando vulneración de su derecho a la intimidad.
El Tribunal corrige al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y advierte que considerar ciertos empleos como de baja carga psíquica puede generar una desigualdad injustificada entre profesiones
No entregar tres tickets de venta ha acabado con Laura (nombre ficticio) dando un paseo por los tribunales y un despido procedente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha desestimado el recurso de suplicación de esta dependiente que había sido despedida tras realizar tres ventas sin entregar a los clientes los tickets y no reflejar en el cierra de caja dichas operaciones, que habían sido abonadas en metálico
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) frente a las pretensiones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ello, reconociendo que el tratamiento de datos se produce desde la solicitud de los mismos, y no desde la recepción por parte de la institución.
El Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias muy recientes en torno a las horas extras que conviene conocer, destacando especialmente la relativa a la carga de la prueba en caso de incumplimiento del registro diario de jornad
La importancia de otorgar plazos más amplios que garanticen la defensa del trabajador y no obstaculicen el despido disciplinario por defecto de forma
Las reuniones celebradas por videoconferencia pueden grabarse con el consentimiento de los participantes, pero ese permiso no da carta blanca a las empresas para utilizar esas grabaciones sin límites.
La empresa asumirá, por regla general, los descuadres de caja sin que el trabajador esté obligado a reponer dichas cantidades con su patrimonio personal
Dos mil setecientas cincuenta y tres horas y setenta y seis centésimas. Ese es el número exacto de horas extraordinarias que un capitán de buque realizó, durante el año 2020, para la empresa Rusa Santander, S.L. La compañía, dedicada al remolque portuario de buques, es decir, a asistir a los barcos en sus maniobras dentro del puerto (entrada, salida, atraque o desatraque) en aguas cántabras, sostenía que ya las había pagado.
El Delegado de Protección de Datos (DPD o DPO) no puede ser «juez y parte». Es decir, quien supervisa el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no puede al mismo tiempo decidir sobre los fines y medios de tratamiento porque perdería la objetividad exigida para este puesto.
Del Real Decreto-Ley 5/2023 a los tribunales, con elevada conflictividad y criterios dispares. En 2026, el Tribunal Supremo ha clarificado muchas de las dudas en torno al permiso de 5 días por enfermedad grave u hospitalización de determinados familiares.
Una deportista de alto nivel en gimnasia rítmica entró al quirófano de una clínica concertada con la sanidad aragonesa en abril de 2019 con una lesión doble en la rodilla derecha. Salió creyendo que le habían arreglado las dos. Pero solo le habían arreglado una. Nadie se lo explicó.
El TSJ de Cataluña avala un despido por acoso sexual y confirma que los mensajes de WhatsApp pueden utilizarse como prueba válida en laboral sin necesidad automática de pericial informática.
La carta de despido enviada por correo electrónico es válida. Pero tiene condiciones. Y cuando no se cumplen, el despido cae. Esa es, en esencia, la doctrina que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJAs) ha precisado en una sentencia del 24 de febrero de 2026 que confirma el despido improcedente de un repartidor de Just Eat en Oviedo.
Ciertamente, la última sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en relación a Globalia es una buena noticia, máximo en estos momentos que la compañía se ve acosada por varios frentes.
El Tribunal Supremo declara la validez del despido disciplinario, aunque el mismo se ejecutara cuando la empleada se encontraba de baja médica
La sentencia del Tribunal Supremo refuerza la seguridad jurídica de los administradores y empresarios en concurso de acreedores
El Tribunal Supremo ha reconocido como accidente de trabajo la muerte por infarto de una empleada que teletrabajaba desde su domicilio para Accenture y ha fijado un criterio relevante sobre la carga de la prueba en el trabajo a distancia: cuando la empresa no aporta un registro horario completo, la duda sobre si el empleado estaba trabajando no puede perjudicar a la persona trabajadora ni a sus familiares.
La Audiencia Provincial de Ávila ha desestimado el recurso de apelación de una comunidad de propietarios ante la inadmisión de su demanda, debido a la falta de argumentación del intento de MASC. Un auto en el que el tribunal recuerda que no es suficiente con el «intento» de negociación, sino que éste debe contar con las explicaciones suficientes para considerarse acreditado el cumplimiento.
Es previsible que se lleve a las mesas de negociación de los convenios colectivos el criterio de los tribunales (las últimas sentencias) en materia de compensación y retribución de los festivos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un golpe de timón a una de las prácticas más extendidas de la AEAT: dilatar la declaración de fallido de una sociedad insolvente para no ver correr el reloj de la prescripción.
El Tribunal de Instancia de Oviedo declara vulnerado el derecho a la intimidad de la plantilla y ordena retirar las cámaras instaladas en 2024. CCOO de Asturias obtiene una indemnización de 7.501 euros tras acreditar que la empresa ignoró un requerimiento previo de la Inspección de Trabajo.
La presidencia del Tribunal de Instancia de Valencia, bajo el mandato de César Zenon Calve Corbalan, ha unificado criterios para la actuación de las partes antes de un juicio; especialmente, en cuanto a los tiempos de presentación de pruebas tras un cambio de fecha en el señalamiento judicial.
El Tribunal Supremo ha elaborado un «manual judicial de referencia» para que los tribunales aborden los casos de violencia de género y violencia sexual.
El Tribunal Supremo (TS) pone un freno al ‘todo digital’ en Recursos Humanos (RR.HH.) al avalar que los trabajadorespuedan seguir utilizando el correo electrónico y los canales presenciales para gestionar bajas, permisos o incidencias laborales cuando la plataforma corporativa impuesta por la empresa dificulta realmente el ejercicio de sus derechos.
Una nueva resolución judicial vuelve a estrechar el cerco sobre el cumplimiento efectivo de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para acudir a los tribunales. La Audiencia Provincial de Santander ha confirmado la inadmisión de una demanda monitoria al considerar insuficiente acreditar simples intentos de contacto con la parte contraria si no se concreta cuál era el objeto de la negociación extrajudicial.
Una empresa que, durante el juicio, adelanta que pagará la indemnización por despido improcedente en lugar de readmitir al trabajador no está obligada por ello a abonar también los llamados salarios de tramitación. Lo ha establecido con claridad el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 11 de marzo de 2026.
Proceso de despido. Solicitud de nulidad de actuaciones por no permitirse a las partes la exposición de las conclusiones finales en forma oral en el acto del juicio, ordenándose su realización por escrito dada la complejidad de la prueba. Estimación del recurso por la sentencia del TSJ que declaró que la nulidad no podía ir referida solamente al trámite de conclusiones, sino al completo acto del juicio oral, debiendo convocarse y celebrarse este de nuevo.
Incumplimiento por el empresario de la obligación de llevar un registro diario de jornada. Determinación de si ello conlleva en los procesos de reclamación de la retribución de horas extraordinarias una inversión automática de la carga de la prueba que no exige al trabajador la previa aportación de indicios sobre la realización de las horas reclamadas.
Abono de salarios de tramitación. Determinación de si las cantidades deben liquidarse en su cuantía bruta, o deben ser objeto previamente de los correspondientes descuentos en concepto de retenciones de IRPF y cuotas de Seguridad Social.
Infracciones de los empresarios. Determinación de si la conducta tipificada en el artículo 23.1 a) de la LISOS como infracción muy grave, precisa del conocimiento del empresario incumplidor de que la persona trabajadora con respecto a la cual no ha cursado el alta en Seguridad Social en debida forma, era perceptora de pensiones o prestaciones de Seguridad Social incompatibles con el trabajo por cuenta ajena.
Trabajar en exclusiva para un gran cliente, usar sus terminales portátiles, recibir órdenes de sus encargados. El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que pone en jaque el modelo de subcontratación de miles de autónomos y pymes en España.
Tres años de incertidumbre. Tres años de empresas que miraban la ley, la releían, y llegaban a conclusiones distintas. El Tribunal Supremo ha puesto fin a ese limbo con una sentencia que no admite medias tintas: el permiso de hasta cuatro días anuales por urgencias familiares —ese que ampara al trabajador cuando se enfrenta a una situación imprevista que no puede ignorar— es retribuido por mandato legal.
La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que, en los Medios Adecuados de Solución de Controversias, no es necesario que se exprese «una posibilidad de acuerdo», sino únicamente que quede claro el objeto de la avenencia. Una decisión con la que el tribunal corrige la inadmisión de una demanda presentada por GovCom Abogados, y marca una línea a seguir en estos nuevos trámites prejudiciales obligatorios.
El Supremo pone coto a Hacienda: la autorización telefónica de un empleado no legitima una inspección ni la entrada en el lugar objeto de inspección
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