Las Audiencias Provinciales aclaran la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia del “dies a quo” del cómputo del plazo de caducidad en la contratación de productos financieros complejos.

La ingente cantidad de normas a las que los operadores jurídicos nos enfrentamos, su diversa interpretación y procedencia -normativa nacional y europea-, y, en materia penal, lo cambiante del contenido de un Código, mil y una veces modificado, provocan que, en ocasiones, pasen desapercibidas algunas de las interesantes posibilidades que dicho conjunto normativo permite. Es el caso del cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa mediante trabajos en beneficio de la comunidad, en lugar de la manera tradicional consistente en la privación de libertad.

El Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, RGPD), encara ya sus últimos trimestres antes de que sea aplicable en la UE.

Algo funciona mal y últimamente -al menos en el campo laboral- son frecuentes los desencuentros desde las dificultades con el cálculo de las pensiones de los trabajadores migrantes hasta el reciente estallido de las indemnizaciones por cese en los contratos temporales, pasando por los problemas del polémico periodo de disfrute de las vacaciones, la ya larga historia de la sucesión de empresas o el controvertido despido del enfermo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite que las empresas, en aras de ofrecer una imagen de neutralidad ante sus clientes, puedan prohibir el uso de signos religiosos, filosóficos o políticos en el lugar de trabajo. Prevalece, por tanto, la libertad de empresa frente a la libertad religiosa.

El Tribunal Supremo reconoce que el pago de la residencia privada de una anciana es no retroactivo y además, es voluntario. Ambos condiciones son suficientes para establecer que los hijos no están obligados al pago de residencia o alimentos dado que estos gastos pueden ser costeados por subvención estatal. Y, en caso de asumirse de forma voluntaria por alguno de los hijos, los demás que no estén conformes, estarán exentos de dicho pago.

Si se presenta la demanda por el presidente representando a la comunidad pero sin la aportación de la copia del acuerdo autorizando la presentación de la demanda. ¿Es subsanable esa falta de aportación y el letrado de la administración de justicia puede requerirle para que lo aporte o debe inadmitirlo sin más?.

El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por el que se modifica el Reglamento del IVA y otros preceptos reglamentarios, ha establecido, para determinados contribuyentes, una obligación de suministro electrónico de los registros de facturación emitidos y recibidos, que debe realizarse a través de la Sede Electrónica de la AEAT mediante un servicio web o, en su caso, a través de un formulario electrónico.

Una de las visiones consideradas importante que debe disponer un sistema de gestión en prevención de riesgos laborales es la de adaptarse con rapidez a los cambios legislativos y tendencias que vayan teniendo lugar en el ámbito de actuación y, si es posible, anticiparse a los mismos.

Los seguros de salud, vienen planteando desde hace años la duda sobre la naturaleza contractual o extracontractual de la relación que une, por un lado, a la aseguradora con el médico/clínica; y, por otro, la existente entre el asegurado y la aseguradora.

Al juez nacional le corresponde apreciar la oportunidad de dirigirse al TJUE con independencia de cuál sea la posición de las partes en el proceso y sin necesidad de que alguna de esas partes interese expresamente el planteamiento de la cuestión.

El Código Penal, en su art. 259.6, determina que en ningún caso la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisprudencia penal.

A partir del 1 de julio de 2017 entrará en vigor un nuevo sistema de llevanza de los libros registros de IVA, conocido como sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), que va a suponer un cambio sustancial en la forma en que se ha venido gestionando hasta ahora esta documentación.

Las compañías españolas podrían ahorrarse la mitad del coste de un trabajador en el caso de que este decida acceder a su jubilación anticipada a los 63 años en vez de mantenerse en su puesto de trabajo hasta los 67 años.

Los hijos y descendientes tienen unos derechos hereditarios exorbitantes en el Código Civil que les hacen acreedores de un derecho superior, incluso, al de la propia madre que se convierte en viuda del causante, ya que el Código Civil antepone los derechos hereditarios de los hijos descendientes respecto del cónyuge viudo.

La Dirección General de Tributos (DGT) contesta a una consulta planteada por una comunidad de usuarios de un inmueble sobre la sujeción o no a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil, contencioso-administrativo y social.

La Asociación Española de Normalización trabaja en la publicación de una norma alineada con el Código Penal para establecer sistemas de gestión de compliance con los que evitar la responsabilidad penal de las empresas.

Una de las novedades de la nueva Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha sido la regulación de la Administración electrónica, y la obligación de algunos sujetos de relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

La Unión Europea ofrece un espacio común donde los actores económicos pueden intercambiar libremente bienes y servicios, fundar establecimientos y sucursales abiertos a un público diverso e internacional y fijar su centro principal de intereses donde mejor les convenga conforme a su cuenta de resultados. Este mercado común ha facilitado enormemente la creación de redes empresariales que se expanden por todo el territorio europeo.

Cuando analizamos la figura de la prescripción desde su regulación en el derecho penal español debemos, necesariamente, marcar una línea que separe el trato que reciben las personas físicas del que reciben las personas jurídicas. Además, siguiendo la lógica de este provocado desequilibrio entre ambos sujetos susceptibles de ser sometidos a la acción penal, la cancelación de antecedentes también se presenta muy distinta para cada uno de ellos.

Las empresas pueden conseguir en un juicio que un despido por disminución continuada y voluntaria en el rendimiento sea considerado procedente si cuentan con medidores objetivos de la actividad.

Para resolver la pregunta objeto de encabezamiento del presente comentario tendremos que estar, antes de nada, a tener constancia de cuándo el Juzgado de lo Social fija la cantidad líquida adeudada, es decir cuándo disponemos de la cantidad exigible, y cuándo se aprueba el convenio del concurso de acreedores.

En junio de 2015 se publicó en el DOCE el Reglamento Europeo de fecha 20 de mayo de 2015; Rglto (UE) 2015/848 sobre procedimientos de Insolvencia, que será aplicable a los procedimientos concursales que se abran con posterioridad al 26 de junio de 2017, sustituyendo al anterior Reglamento 1346/2000.

Los pantallazos se han admitido como medio de prueba en diferentes pronunciamientos judiciales: i) como capturas de pantalla del contenido de los mensajes trasmitidos a través de redes sociales; ii) como captura de pantalla que contiene una información que permite la denegación de una prestación por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En las sociedades de capital, anónimas o limitadas, los accionistas y socios, en cada caso, tienen derecho al reparto de beneficios en proporción a sus participaciones en el capital social. Reparto que deberá, en todo caso, ser aprobado por mayoría en la Junta General Ordinaria.

La retribución flexible puede llegar a suponer un ahorro de hasta el 30% al quedar exenta del IRPF, pero su situación tributaria no es igual en toda España.

En 2018 termina el plazo para cumplir con la nueva normativa sobre el tratamiento de información personal identificable (PII). Unido a un crecimiento espectacular del volumen de datos, el resultado afectara a cualquier tipo de empresa que procese datos personales.

La jornada organizada por CCOO y patrocinada por Lefebvre-El Derecho analizó las consecuencias de la jurisprudencia europea en la legislación laboral española. El presidente del TJUE reconoce los problemas de implementación interna que pueden surgir y admite que podría darse una mayor libertad a los tribunales nacionales para fijar criterios legales.

Las sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia (UE), dictadas como consecuencia del planteamiento de cuestiones prejudiciales, por parte de los Juzgados y Tribunales españoles, están cambiando radicalmente el derecho interno, tanto a nivel normativo como a nivel jurisprudencial de los más altos tribunales.

El TS dictó con fecha 16 de marzo del 2016 (RJ 2016\855) una interesante sentencia sobre la flexibilidad de las mayorías en materia de Propiedad Horizontal, para evitar la tan llamada “dictadura” de las unanimidades en las Juntas de Propietarios.

Con apenas unos días de diferencia, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo coincidían en dos pronunciamientos probatorios de discriminación indirecta a trabajadoras embarazadas. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Sociales entregaba el Premio Empresa familiarmente Reconocible y la Comunidad de Madrid anunciaba la creación del sello Empresa Comprometida con la conciliación laboral publicitando el compromiso gubernamental para reconocer a aquellas empresas que favorecen la conciliación laboral. ¿Estamos en el camino correcto de la igualdad efectiva requerida a nivel empresarial?​.

Una de las preguntas que suele escuchar con frecuencia un abogado de sus clientes es la siguiente: ¿Puedo grabar una conversación y llevarla como prueba al juicio? Y la respuesta es “sí”, pero con matizaciones ya que depende de cómo haya sido obtenida la misma.​ 

No hace mucho, durante el pasado año, conocimos -pues ha tenido notable repercusión- una sentencia en la que se califica como improcedente el despido de un empleado de Correos que sustrajo tarjetas bancarias y sus correspondientes claves.​ 

Los canales de denuncia interna (whistleblowing) ya no son una opción en nuestras empresas, sino una obligación normativa de carácter imperativo.​ 

La autorización administrativa en materia laboral y de Seguridad Social fue introducida en la legislación social a raíz de la aprobación de la LRJS, Ley 36/2011, de 10 octubre.​ 

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, establece el mandato expreso a los Estados miembros de velar por la existencia de medios eficaces y adecuados para el cese del uso de cláusulas abusivas en contratos entre profesionales y consumidores. La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la previsión de un aumento de las demandas civiles ha movido al Gobierno a desarrollar dicho mandato comunitario.​ 

En España, la reforma del Código Penal operada en 2010 ha incorporado aspectos novedosos, como la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es evidente que el vigente Código Penal ha llevado a replantearse muchos procedimientos y prácticas en las empresas.​ 

La norma, que pretende ser una transposición de la Directiva hipotecaria, podría estar lista a finales del mes de junio. La dación en pago es una de las novedades que recoge el texto europeo.​ 

En muchas ocasiones desconocemos los días de permiso que nos corresponden laboralmente por enfermedades o, en el peor de los casos, fallecimientos de familiares hasta cierto grado de parentesco.​ 

En los últimos tiempos vivimos “bombardeados” de noticias sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y la importancia de los programas de cumplimiento normativo, ¿pero es cierto que el axioma “societas delinquere non potest” se quebró con la reforma del CP operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio?.​ 

El Ministerio de Hacienda se pronuncia oficialmente a través de la Agencia Tributaria y anula la exención fiscal de abogados y procuradores cuyos servicios estén destinados al derecho de asistencia jurídica gratuita. La Resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) en base a la consulta DGT V0179-17, de 25 de enero de 2017 es vinculante para Hacienda por lo que la Agencia Tributaria resuelve repercutir el IVA del turno de oficio desde el 26 de enero.​ 

La Inspección de Trabajo en una nueva campaña se encuentra ahora reclasificando trabajadores y reubicándolos en otro epígrafe de mayor cotización, y a la postre de mayor recaudación.​ 

No es infrecuente que en las plantillas de las empresas figuren puestos de trabajo cuyo elemento diferenciador se encuentra en la relación, el “plus de confianza”, que existe entre el empleador y el trabajador que los ocupa. Se trata por tanto de puestos de trabajo en el que la contratación del trabajador que haya de ocuparlo no se asienta exclusivamente en razones objetivas, vinculadas a la competencia profesional o habilidad de quien ha de desempeñarlo, sino que aparece también un vínculo subjetivo entre el empleador y el empleado que resulta decisivo para la incorporación de la persona concreta que haya de ocuparlo. La terminología para calificar este tipo de situaciones es diversa: puestos de confianza, cargos de confianza, puestos de libre designación, etc.​ 

Es preciso ahondar en este tema para perfilar con detalle en qué medida le puede afectar a una comunidad de vecinos la posible aplicación de la responsabilidad penal derivada del art. 129 CP como vamos a explicar en las presentes líneas.​ 

El pasado 1 de enero de 2017 entró en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), por el que se incorpora un derecho mínimo al reparto de dividendos, y el derecho de separación de la minoría en caso de que la Junta General no aprobase un reparto mínimo de beneficios.​ 

Desde el pasado 1 de enero de 2017, fecha en la que fue levantada la suspensión que pendía sobre el art. 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, los socios minoritarios tendrán derecho a separarse de la sociedad y obligar a la misma a que les compre sus acciones/participaciones sociales cuando la Junta General (los socios mayoritarios) haya acordado con el voto en contra del minoritario no distribuir dividendos o distribuirlos en cuantía inferior a un tercio de los beneficios obtenidos en cada ejercicio social.​ 

El Consejo General de la Abogacía Española ha iniciado la elaboración de un informe jurídico sobre la aplicación del IVA a los honorarios recibidos por los abogados adscritos al Turno de Oficio que prestan el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita al amparo de la Ley 1/1996.​ 

Cuando una persona es demandada por la vía civil recibe un emplazamiento del Tribunal, que en ningún caso genera una obligación o deber para el demandando, sino que es libre de personarse o no en el proceso, tanto en el Juicio Ordinario como en el Verbal, en este último caso, en virtud de la nueva redacción dada al art.438.1, I LEC por la L 42/2015, de 5 octubre. Cuando el demandado opta por la no personación, su decisión genera una serie de consecuencias que se inicia con la declaración de rebeldía, que pasamos a analizar.​ 

Tras varios años de bloqueo, el Ministerio de Economía da luz verde a la norma que protege a los socios minoritarios y obliga a las empresas a pagarles dividendos.​ 

El problema surge cuando la ejecución del acto administrativo, que ha sido confirmado por sentencia judicial firme, exige la autorización de entrada en domicilio de un particular, en cuyo caso la Administración requiere autorización judicial de entrada, pero ¿puede pedirla de forma autónoma ante un juez unipersonal distinto del que conoció del recurso contra el acto o ha de pedirla en ejecución de sentencia del recurso en el que se cuestionó la legalidad del mismo?.​ 

El préstamo participativo en un instrumento financiero el cual es una fórmula intermedia entre el capital social y el préstamo a largo plazo. Una de sus principales características es que su retribución está condicionada a la evolución de los resultados de la sociedad prestataria, pero veremos que tiene otras ventajas.​ 

Se analiza la responsabilidad del empresario ante conductas de acoso, violencia o discriminación en el trabajo, así como los protocolos que deben existir en las empresas para prevenir el ciberacoso, esto es, cuando el acosador realiza comentarios ofensivos fuera del horario laboral a través del uso de las nuevas tecnologías.​ 

El objetivo de este artículo es analizar el procedimiento de extradición cuando se tramita ante nuestro país conforme a las reglas del Convenio Europeo de Extradición de 1957.​ 

José Luis Gómara Hernández, abogado del estado, publica la obra ‘Cláusulas suelo y otras cláusulas hipotecarias abusivas: soluciones judiciales y extrajudiciales’ en la que analiza desde un punto de vista práctico las distintas variantes procedimentales que tiene una persona afectada por una cláusula suelo para requerir, tanto en vía judicial, como a través de los mecanismos alternativos: reclamación, arbitraje y transacción, la resolución de su conflicto.​ 

El pasado día 3 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 3/2016, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Entre las medidas tributarias aprobadas, se introduce un nuevo cambio en la limitación de la compensación de las bases imponibles negativas (BINs) para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (IS), con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016. Como es sabido, desde la aprobación del RDL 9/2011, en agosto de 2011, se han establecido límites en la compensación de las BINs a (algunos de) los contribuyentes del IS, con el fin de cumplir con los objetivos de reducción del déficit público.​ 

En el último artículo publicado en esta revista hablaba el firmante de los esfuerzos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV) en la búsqueda de una solución a la publicidad del régimen económico de cada matrimonio en particular.​ 

¿Qué sucede cuando frente a una entidad bancaria tenemos a una empresa? ¿Se puede demandar? ¿En base a que fundamentos?.​ 

El Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 aprobó el Informe sobre los Anteproyectos de modificación de la legislación de contratos públicos en España. El comunicado oficial informa que con esta norma se pretende incorporar a la legislación española el paquete de Directivas Comunitarias de Contratación Pública, que tiene como objetivos primordiales mejorar la transparencia y la competencia en la contratación, así como agilizar los procedimientos fomentando la utilización de medios telemáticos. Y se justifica sobre los títulos competenciales del Estado en esta materia.​ 

El RDL 3/2016 elimina la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias, entre ellas, las derivadas de los pagos fraccionados del IS y las derivadas de tributos que, como el IVA, deben ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.​ 

Repasamos recovecos legales que permiten al autónomo ganar más dinero facturando lo mismo, gracias a deducciones en impuestos, técnicas de facturación, revisión de ayudas estatales, etc.​ 

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, ha modificado en parte la regulación de la reclamación del perjudicado y la oferta motivada del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.​ 

El TEAC señala que es posible aplicar la exención por arrendamiento de vivienda a aquellas operaciones donde se señala la persona que va a utilizar la vivienda, se prohíbe su cesión o subarriendo y el arrendador no puede designar con posterioridad a la celebración del contrato, las personas que la van a utilizar.​ 

La única regulación de carácter internacional que con carácter general contempla la figura del despido disciplinario es el Convenio nº 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT en adelante). Esta importante norma internacional nos da determinadas exigencias que protegen a los trabajadores frente a este tipo de despido. Estos mecanismos de protección son los siguientes:​ 

La Constitución Española reconoce a los trabajadores una serie de derechos específicos vinculados a su condición laboral, como son: el derecho a la promoción del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (art.35), el derecho a la negociación colectiva (art.37), el derecho a sindicarse libremente (art.28.1) o el derecho a la huelga (art.28.2).​ 

Estamos contemplando cómo la Inspección de Trabajo está convirtiendo la doctrina de la Audiencia Nacional, y sin espera al pronunciamiento del Tribunal Supremo o reacciones del legislador, en aplicación ejecutiva haciendo su interpretación en una norma de obligado cumplimiento.​ 

La Ley de Sociedades de Capital (LSC, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), no introdujo ningún cambio relevante en relación con la conocida como acción de responsabilidad por deudas.​ 

Uno de los objetivos fundamentales que puede tener la información que acompañamos periódicamente acerca de la prevención de riesgos laborales en este medio es acercar ciertos conocimientos técnicos en la materia al mundo de la aplicación jurídica.​ 

A raíz de la reforma del art. 31 bis del Código Penal, las empresas, en su condición de personas jurídicas, pueden ser responsables penalmente de los delitos cometidos por sus empleados, pero ¿en qué medida el empresario puede sancionar disciplinariamente a un empleado investigado o condenado por la comisión del delito o incluso por incumplir las medidas establecidas en materia de prevención de delitos?.​ 

La cuestión que se plantea a los integrantes de este foro es si consideran que el Fondo de Garantía Salarial puede, en estos casos en que la empresa se encuentra cerrada y sin actividad, ejercitar la opción en el sentido indicado, con las consecuencias económicas que se derivan en cuanto al importe de la indemnización y de los salarios de tramitación que, eventualmente, le correspondería percibir al trabajador.​ 

Artículo de opinión donde se hace un análisis pormenorizado del pasado y futuro de la Administración Concertada.​ 

Como todos sabemos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPA) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), publicadas en el BOE núm. 236, de 02/10/2015 ya han entrado en vigor la mayor parte del articulado de ambas el pasado 2 de octubre. Si bien, es verdad, que ciertas previsiones de la LRJPSP en materia de contratación del sector publico ya estaban en vigor y que las previsiones normativas de la LPA en lo atinente al Registro Electrónico de Apoderamientos y otras cuestiones como el punto de acceso general electrónico de la administración no serán aplicables hasta el 2 de octubre del próximo año.​ 

Sabemos que el adquirente de un inmueble es deudor en tanto ha adquirido la finca y por la vía del art. 9 LPH se le puede reclamar la deuda.​ 

Mariano José de Larra, recordado como magnífico literato costumbrista nos contaba cómo un buen día llegó a su casa un francés que pretendía realizar unas gestiones previas a su inversión de capital en negocios españoles, y pensaba realizarlas en diez días, y todos recordamos cómo el primer papeleo que tenía programado para unas horas le dicen que tardaría unos 3 días y que a los tres días le respondieron: “vuelva usted mañana” y al siguiente, y al siguiente, y así hasta 15 días, así lo que él pensaba realizar en 10 días con éxito lo realizó en 6 meses y tuvo que marcharse a su país, donde contaría que a todos los lugares donde iba y pedía algo le contestaban: “vuelva usted mañana” y este mañana nunca parecía llegar; pues bien algo parecido pasa con el Autónomo a Tiempo Parcial, que en teoría está en vigor desde 01/01/2017 pero que todos esperamos cuándo llega ese mañana que realmente lo ponga en marcha.​ 

En el presente artículo vamos a intentar esquematizar cómo, cuando, y en algún caso, donde, se debe practicar la prueba durante un proceso penal. Señalaremos cuales son tanto los momentos procesales como la forma de practicar las pruebas dentro del acto del juicio oral.​ 

Existen múltiples interrelaciones entre los procesos contenciosos de familia y algunos expedientes de jurisdicción voluntaria.​ 

El instituto de la prescripción tiene como fundamento, de una parte, la sanción por la inactividad o negligencia del sujeto en el ejercicio de las acciones tendentes a la tutela de sus derechos, y, de otra, la limitación al ejercicio tardío de éstos en beneficio de la seguridad jurídica.​ 

En estos momentos no debe resultarnos extraño que se presente una denuncia a un Ayuntamiento acompañada como documento de prueba una fotocopia de las conversaciones mantenidas a través de un whatsapp solicitando la incoación de expediente sancionador.​ 

El vínculo del administrador de fincas con la comunidad no surge desde la redacción de un contrato que, por otro lado, no es obligatorio, sino desde el día de la aprobación en junta.​ 

Los sistemas de gestión de compliance laboral, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, proponen la integración de todas las normas internas corporativas bajo el paraguas de una norma básica, como puede ser el Código Ético.​ 

El motivo que ha originado el pronunciamiento de la máxima autoridad judicial a nivel europeo, se remonta a la interposición por el Sr. Gutiérrez de una acción individual de cesación contra la entidad bancaria BBK BANK CAJASUR, S.A.U, por la utilización de la cláusula suelo, lo que implicaba que el banco aplicaba un porcentaje mínimo de intereses, con independencia de que el interés aplicable al contrato fuera inferior a dicho porcentaje. Para el supuesto de una eventual estimación de la demanda, el actor solicitó de forma acumulada una indemnización por los intereses abonados desde que la clausula surtió efectos.​ 

El Capítulo II del Título IV del Estatuto del Empleado Público "Adquisición y pérdida de la relación de servicio" -Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre- establece tres previsiones sobre el cuándo y el cómo de los efectos de una condena penal sobre la condición de funcionario público.​ 

Tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declara incompatible la decisión del Tribunal Supremo de limitar los efectos retroactivos de la devolución de las cláusulas suelo con el derecho comunitario, las familias afectadas ...​ 

Pese a la igualdad de tratamiento propugnada en la Exposición de Motivos de la Ley Concursal (LC) y la reducción drástica de privilegios y preferencias oponibles al concurso, cabría pensar en un principio que tales palabras están vacías de contenido en lo que a las Administraciones Públicas y los procedimientos de ejecución administrativos se refiere, a la vista, sobre todo, de la reforma introducida en su día por la Ley 38/2011.​ 

Tras casi un año de parón, ya se ha reiniciado la actividad parlamentaria y se espera una intensa labor legislativa para impulsar la economía, el empleo y mejorar el bienestar social. Aunque no tenemos una bola de cristal, nos atrevemos a hacer algunas predicciones para 2017.​ 

Las STS 154/2016 y 221/2016, aunque con una visión distinta sobre la naturaleza de la exención prevista en los puntos 2º y 4º del artículo 31 bis del Código Penal, expresan su parecer respecto de si el Derecho Fundamental a la presunción de inocencia impide o no que deba ser la defensa de la persona jurídica la que pruebe que su programa de prevención de delitos era eficaz para poder resultar exenta de responsabilidad, llegando ambas a la misma conclusión.​ 

Se extiende la protección de los consumidores en materia de cláusulas abusivas a los particulares que avalen con un crédito hipotecario a una empresa si se hace por motivos ajenos a su actividad profesional.​ 

Los que nos dedicamos a la aplicación y gestión de la prevención de riesgos laborales y, también, los implicados en las consecuencias jurídicas posteriores sabemos que, si ocurre un accidente grave, muy grave o mortal, se empiezan a buscar responsabilidades incluso antes de conocer con precisión qué es lo que ha sucedido. Evidentemente, esto no debería ser así pero es frecuente que una de las primeras reacciones sea ésta. 

Se considera discriminatorio el despido de un trabajador en situación de IT por accidente laboral cuya duración es incierta, lo que lleva a incluir dicha situación dentro del concepto de discapacidad en el sentido de ser una limitación de larga duración. 

La última reforma del Código Penal en lo que afecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas introdujo la eximente en la aprobación y la aplicación diligente de los programme compliance. Entre la doctrina se han alzado voces en contra de los criterios introducidos, fundamentalmente porque se consideran demasiado flexibles, por ello se entiende que la respuesta penal no es todo lo contundente que debiera ser. 

Con la aplicación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015) que llegó en 2015 y que ha superado ya dos meses desde su entrada en vigor en octubre de 2016, aparecen los primeros dobleces en relación a los novedosos preceptos relacionados con las comunicaciones electrónicas entre las Administraciones y los ciudadanos. 

Se han cumplido 40 años desde la aparición en nuestro Derecho del Fondo de Garantía Salarial, cuya denominación inicial, en la Ley 16/1976, de 8 de abril, (BOE del 21), era la de Fondo Nacional Interempresarial de Garantía Salarial. 

En este periodo que vivimos, tan recientemente convulso a nivel político, hemos oído hablar a los políticos de reformas sobre la legislación que regula al trabajador autónomo, su entorno y sus circunstancias. De hecho, existe un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular para modificar sustancialmente ciertos aspectos de dicha regulación. Sin embargo, ¿será esto suficiente para atajar el problema del denominado "falso autónomo"? . 

El próximo día 21 está previsto que se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativo a las cláusulas suelo que fijará la retroactividad anterior a mayo de 2013 o no de las reclamaciones a los bancos. Muchos afectados están esperando a conocer esta sentencia para reclamar en un sentido u otro. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, así como el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) contemplan ... 

La respuesta es, según veremos a continuación, rotundamente afirmativa, a la luz de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública por la que se introduce la posibilidad de que ... 

La redacción del art.276 en relación con el art.278 LEC es un tanto confusa ya que el art.276 LEC fija la necesidad de que las partes hagan el traslado de copias a las otras partes.

La consideración del segundo año de excedencia por cuidado de hijos como periodo de cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad Social es aplicable a las prestaciones causadas a partir del 24 de marzo de 2007, fecha de entrada en vigor de la LO 3/2007 que amplió la consideración como cotizado del primero al segundo año de excedencia por cuidado de hijos, con independencia de la fecha de inicio de la situación de excedencia.

El sistema público de pensiones fue diseñado bajo unos parámetros cuya evolución ha desbordado toda posible previsión, situando el gasto en pensiones públicas en unos niveles inasumibles para el actual sistema, los datos son cada vez más reveladores de una ...

Analizamos en las presentes líneas un tema de sumo interés relacionado con la mecánica que debe seguirse en los supuestos de haber tenido relaciones comerciales con una sociedad civil, pero sin inscripción en el registro de la propiedad y, por ende, con el problema acerca de la personalidad jurídica de la sociedad y la necesidad de ejercitar acciones civiles por incumplimiento contractual.

Durante la pasada legislatura estuvo circulando por el Departamento de Economía y Hacienda un borrador de un Proyecto de Ley sobre la regulación de los servicios profesionales que tiraba por tierra el magnífico trabajo que han venido haciendo desde hace muchos años los colegios profesionales.

Con la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, que reforma la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, se pasan a atribuir más competencias a los notarios, entre ellas la reclamación notarial de ...

Cuando un contrato de obras es adjudicado por un Ayuntamiento, el contratista asume una serie de derechos y obligaciones que derivan del contrato y que figuran en los pliegos que rigen el mismo.

La suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento sobre la misma vivienda y con el mismo arrendador, una vez agotadas las prórrogas del contrato inicial, por el que se practicó la deducción por alquiler de la vivienda habitual, se considera a estos efectos una continuación de este último.

Ayer terminó el plazo para transponer la Directiva 2014/95/UE que afectará a las grandes empresas de más de 500 trabajadores. Aunque la exposición inicial era más ambiciosa (pretendía ser obligatoria y aplicarse también a las PYMES), la presión de los lobbies y de algunos países europeos han limitado sus efectos. Sin embargo, esta norma marca el camino hacia una nueva cultura de la transparencia, imponiendo ciertos estándares éticos, medioambientales y sociales.

En el caso de daños materiales ocasionados a un vehículo por un tercero en caso de accidente, el principio de restitución integra no se aplica de forma estricta, sino que viene moderándose por la jurisprudencia, a través de unos factores de corrección, que eviten situaciones de enriquecimiento injusto.

La introducción de la cláusula arbitral en los estatutos de una sociedad mercantil no es hoy un tema controvertido, tanto si dicha inclusión se realiza en el momento de la constitución de la sociedad –los estatutos tendrían naturaleza contractual vinculante para la sociedad y todos los sometidos a la relación societaria- o en un momento posterior, vía modificación estatutaria.

Los compradores que hayan realizado pagos a Promotoras que han devenido en concurso y por tanto insolventes, tienen derecho a recuperar dichas cantidades anticipadas si la Promotora ingresó dichas sumas en la Cuenta Corriente (especial o no) que tuviera suscrita ...

Se analizan algunas conductas de interés que han aparecido en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y de las Audiencia Provinciales para perfilar las que pueden darse y su actualización a la nueva redacción del Código Penal dada por la LO 1/2015, que en esta materia modificó la redacción de algunos tipos penales, sobre todo en los delitos societarios.

Una de las figuras que mayores interrogantes genera en la práctica concursal es el de la cesión de bienes a los acreedores en pago de sus créditos.

En el ámbito específico del Derecho de Familia, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, considera que determinados actos o procedimientos de jurisdicción voluntaria pueden desjudicializarse y cabe atribuir su conocimiento y resolución a funcionarios públicos cualificados, como los Letrados de la Administración de Justicia -LAJ- (antes Secretarios Judiciales), los Notarios o los Registradores de la Propiedad y Mercantiles ...

La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula en su art. 62 la incoación de oficio del procedimiento sancionador precedida por una denuncia presentada por un particular, de la misma forma ...

El recurso extraordinario de revisión se mencionaba en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC) y se regulaba de forma más detallada en los artículos 118 y 119. En aquél precepto se decía que contra la resolución de un recurso de alzada, no cabría ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1 de la citada LRJ-PAC.

Aunque la mayoría de modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades entraron en vigor el año pasado, hay algunas novedades que serán de aplicación por primera vez en este ejercicio 2016.

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ha incluido en el texto la modificación del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

- La Ley 19/2013 supuso un primer retroceso en el derecho de los ciudadanos a la obtención de copias en su acceso a los expedientes.
- La Ley 19/2013 comenzó a poner ciertos palos en las ruedas del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, burocratizando y accidentando su ejercicio con un rosario de nuevos límites, excepciones y causas de inadmisión dudosamente amparados por la Constitución.
El pasado 2 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del nuevo Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con relevantes cambios en las relaciones de estas últimas con los ciudadanos, unos más visibles que otros.

El sistema norteamericano de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas descansa en el sistema vicarial, concretamente en la doctrina del respondeat superior a partir de la cual es posible imputar responsabilidad a la persona jurídica por los hechos cometidos por sus empleados, generando un sistema de responsabilidad por transferencia, mientras que el sistema español parece dirigirse hacia una imputación por el hecho propio, renunciando al sistema vicarial por el que se decantaba la ya famosísima Circular 1/2016, pero el sistema norteamericano tiene –en mi humilde opinión- un elemento que considero que tarde o temprano debe incorporarse en nuestro ordenamiento, y es el hecho de que en el ordenamiento federal norteamericano, así como en los estatales, las personas jurídicas de naturaleza pública también pueden ser penalmente responsables.

El capital social tiene como función relevante la de servir de garantía a los acreedores de la empresa, la cual deberá realizar su objeto social mediante los recursos suficientes aportados por los socios.

¿En qué supuestos puede considerarse que un acuerdo social infringe el orden público?, ¿cuáles son las "circunstancias" que permitirían fundamentar sobre tal motivo la impugnación?

La conocida en el contexto tributario como “empresa familiar” es de instrumentación habitual por un objetivo prioritario ampliamente extendido, que no es otro que el consistente en buscar la optimización de la carga tributaria básicamente respecto al impacto fiscal en ...

El pasado día 13 de octubre, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid ha dictado una importante sentencia en materia de cláusula suelo, toda vez que la misma analiza si los socios cooperativistas que forman parte de una Cooperativa de Viviendas deben tener la condición de consumidores, y si por lo tanto gozan de los mismos derechos de protección y transparencia que en el caso de los consumidores finales. Ya adelantamos que el Juzgado concluye que sí deben ser considerados consumidores a todos los efectos.

Mucho se ha escrito sobre la figura del Compliance Officer, especialmente a raíz de la reforma operada del artículo 31bis del Código Penal (L.O. 1/2015, de 30 de marzo, CP), existiendo actualmente en el mercado numerosos cursos avanzados y de postgrado que ofrecen capacitación y conocimientos para adquirir este nuevo perfil profesional de compliance, hasta el punto de ser hoy en día una de las profesiones más solicitadas por las empresas.

Como consecuencia de las últimas sentencias acerca de la responsabilidad de bancos y compañías aseguradoras respecto de las cantidades que compradores de viviendas en fase de proyecto entregaron a cuenta al promotor para la compra de viviendas, que finalmente no se iniciaron o terminaron, consideramos importante realizar un breve recordatorio acerca de cuáles son las obligaciones atribuidas a los promotores inmobiliarios y entidades avalistas que se recogen en la Disposición Final Tercera de la Ley 20/2015, de 14 de Julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradores y reaseguradoras. Ley que ha derogado definitivamente la que hasta ahora constituía la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia, la Ley 57/68, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, al tiempo que ha dotado de mayor contenido en este ámbito a la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de ordenación de la edificación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el mal llamado 'canon' por copia privada, por carecer de fundamento legal.

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, modificada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de Reforma de la LGT, estableció una limitación a los pagos en efectivo. Se trata de una norma de naturaleza financiera, aunque su finalidad es, como señala la exposición de motivos de la citada Ley, la lucha contra el fraude fiscal.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionaba el pasado mes de septiembre con un total de 4,09 millones de euros a 15 empresas especializadas en los servicios de mudanzas internacionales por el conocido como “acuerdo de las mudanzas”, en el que las sancionadas definían sus relaciones a la hora de la prestar los servicios de mudanzas internacionales para el personal de varios Ministerios, constituyendo un verdadero cártel durante 15 años.

Uno de los grandes retos a los que están teniendo que hacer frente los despachos de abogados es a la presión que están ejerciendo los clientes para conseguir rebajas en los precios de los servicios.

Tras la lectura del interesante artículo publicado por Fernando de la Vega García en el blog de Derecho y Competencia, me pareció de interés recoger el guante sobre el tratamiento de los programas de cumplimiento normativo en el marco del derecho de la competencia y, en especial, de su vertiente sancionadora, contemplando la posibilidad de su tratamiento como circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa y –como tales atenuantes- su cómputo en el cálculo de la sanción a imponer. En definitiva, la posibilidad de aplicación de los criterios penológicos en este tipo de supuestos.

La corrupción entendida como abuso de poder público para obtener una ventaja ilegítima en beneficio privado ha sido una constante a lo largo de todas las sociedades para obtener decisiones favorables de quienes ostentan el poder.

Si vemos la redacción actual del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET en adelante) el descuelgue de condiciones de trabajo se configura como un mecanismo dirigido a exceptuar la regla general de la eficacia de los convenios colectivos estatutarios.

Las pensiones están en el ojo del huracán del debate político por el riesgo existente para la continuidad del sistema.

El mecanismo de la baja incentivada está concebido como un instrumento empleado en la negociación de los despidos colectivos y cuya finalidad principal e la de atenuar la incidencia de la medida en la colectividad afectada.

Las conversaciones por móvil o a través de plataformas de mensajería instantánea entre empleados de empresas competidoras podrían acabar viendo la luz en investigaciones de prácticas anticompetitivas.

El sistema de nombramiento discrecional de la administración concursal por parte del juez del concurso supone, al mismo tiempo, la principal virtud y el principal defecto del modelo elegido por el legislador español para la gestión del procedimiento de insolvencia. Por un lado, permite la elección de los mejores candidatos para el puesto. Por otro lado, y como consecuencia de la alta retribución que puede existir en determinados –aunque residuales– procedimientos, el sistema otorga a los jueces un poder similar al del Rey Midas: hacer de oro a la persona elegida. Por este motivo, y con la finalidad de evitar los posibles incentivos perversos generados en el proceso de nombramiento, el Gobierno se ha propuesto implementar un sistema de nombramiento por turno secuencial (sorteo) que, no obstante, no parece haber tenido una buena acogida por los profesionales del sector.

Muchas veces hemos oído decir que más importante que hacer las leyes es aplicarlas correctamente. Sin embargo, usualmente damos más trascendencia a la aprobación sustantiva de una norma que a los mecanismos existentes para hacerla efectiva.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de Pleno de la Sala Civil nº 241/2013, declaró, con carácter general la licitud de la conocida comúnmente como cláusula suelo (cláusula de acotación mínima a la variabilidad del tipo de interés), estipulación que únicamente podría declararse nula en los contratos de préstamo celebrados con consumidores por falta de transparecencia, al ocasionar un desequilibrio subjetivo entre las prestaciones de las partes.

Existe hoy en día una creencia en muchas comunidades de vecinos de que por medio de sus juntas de propietarios tienen la facultad de decidir en cualquier momento lo que entiendan que puede ser bueno para la comunidad.

Es bien conocido que la aplicación de la legislación vigente en prevención de riesgos laborales puede conllevar asumir responsabilidades en materia administrativa, social, civil o penal y los años que han transcurrido desde la publicación e inicio de la aplicación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales así lo demuestran.

El art. 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, nos da una definición más amplia del concepto de expediente administrativo.

La causa objetiva -económica, técnica, organizativa o de producción- actúa produciendo un desequilibrio y la finalidad del despido es contribuir a superarlo, de manera que dichas situaciones podían darse también en las administraciones públicas, en principio en lo que refiere a las causas organizativas.

La LO 1/2015 ha modificado el delito de administración desleal. Se deroga el delito societario y el nuevo tipo será aplicable a tipo de administradores, no sólo a los de las sociedades. El Legislador ha pretendido establecer una distinción más precisa e con el delito de apropiación indebida, que tanto ha ocupado a la jurisprudencia. Sin embargo, la redacción del Código Penal plantea numerosos interrogantes, singularmente por su contenido genérico y abierto.

¿Puede reivindicarse una marca de la UE (antiguas marcas comunitarias)? La respuesta deberá llegarnos pronto de la mano del Tribunal de Justicia. En efecto, el pasado mes de agosto la Sala 1ª del Tribunal Supremo en el seno del recurso de casación 484/2014 planteó la siguiente – y a nuestro juicio muy interesante – cuestión prejudicial: ¿Es compatible con el Derecho de la Unión y en concreto con el Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (RMUE), la reivindicación de una marca comunitaria por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento, y en particular, conforme a los supuestos previstos en el art. 2.2. de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (BOE núm. 294 de 8 de diciembre de 2001)?

El Supremo ha analizado un caso en el que se reclama la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la tardanza en regular el acceso de los profesionales a la asistencia sanitaria gratuita.

La Sala de lo Social del Supremo, estimando sendos recursos especiales de casación para unificación de doctrina, interpuestos por el Ministerio Fiscal, ha declarado que corresponde a la Jurisdicción Social conocer de las reclamaciones dirigidas contra el FOGASA, por impago de intereses de demora del art. 24 de la Ley 27/2003, General Presupuestaria, derivados del retraso en el pago de la prestación de garantía salarial e indemnizatoria.

Cabe destacar los ya múltiples pronunciamientos de Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Contencioso Administrativos que anulan liquidaciones en concepto del Impuesto Plusvalía Municipal giradas automáticamente por los Ayuntamientos, sin analizar la procedencia o no, conforme a derecho, del pago de dicho impuesto en casos en los que, entre otras consideraciones, no se ha producido incremento alguno entre el valor del terreno en la fecha de compra y su valor al materializarse la transmisión, poniéndose en duda la realización del hecho imponible que modula el tributo municipal.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo anuló el pasado 30 de septiembre un swap de Caixa Sabadell (luego Unim y ahora BBVA) por no informar adecuadamente sobre los costes de cancelación de un swap colocado a una pyme catalana el 28 de marzo de 2007 con un nocional de 150.000€. “La apuesta se produciría en un terreno de juego injustificadamente favorable para el banco” en caso de que no informara al cliente adecuadamente de los riesgos, señala el fallo.

La ley 25/2015 de 25 de julio denominada de segunda oportunidad modificó la regulación del acuerdo extrajudicial de pagos (arts. 231 a 242 bis de la LC) y completó el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho de las personas naturales (178 bis LC), sean o no profesionales o empresarios.

Si el año 2015 terminaba con la anulación del denominado “Safe Harbor”, sistema que procuraba aportar garantías a las transferencias internacionales de datos entre Europa y determinadas entidades estadounidenses, el año en curso ha mantenido las expectativas y mantenido el debate sobre los diferentes flujos internacionales de datos.

Luxemburgo señala que si el avalista no tiene relación de interés con el avalado, el aval es abusivo.

Distintos órganos judiciales han venido anulando sanciones impuestas a obligados tributarios por considerar que no estaban debidamente justificadas. Sin embargo, parece que quedaban dudas y la Administración ha seguido imponiendo sanciones por supuestas infracciones del ordenamiento que han basado en motivos generalistas y sin concretar.

Las recientes Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, números 390/2016, 391/2016 y 392/2016, todas ellas de 8 de junio de 2016, trasladan al administrador concursal la obligación –una más- de financiar el proceso concursal.

Ya comentamos en este foro el régimen de sujeción y exención en el IVA de los alquileres de inmuebles destinados a vivienda cuando el arrendatario era persona jurídica. Pues bien, se trata ahora de completar el anterior estudio desde la perspectiva del Impuesto de ...

Puede resultar difícil distinguir dos conceptos que en el fondo son parecidos, para ello hay que acudir a la jurisprudencia que delimite éstos términos basándose en la forma de cada uno, ya que esta diferenciación sirve para evitar dejar al género femenino en desigualdad.

La Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo 472/2016 merece ocupar un espacio entre nuestros comentarios jurídicos, tanto por haber sido pronunciada en Pleno, como por lo cotidiano de la materia abordada, que es la reclamación al administrador de una sociedad mercantil de las deudas que ésta no ha satisfecho.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado tres sentencias en el mes de septiembre de 2016 en las que aborda el uso abusivo de los contratos temporales en España y el régimen indemnizatorio extintivo de la contratación por interinidad.

Desde que en 2010 se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de modo directo, la crítica a tal decisión -discutible, como todas- se ha decantado, en nuestra opinión, por dos vías principales: judicialmente, por la escasez de procedimientos que, al parecer, se siguen y, legislativamente, tratando de contener la responsabilidad mediante decisiones posteriores incorporadas al CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) .

Pues bien, la denominada función de "compliance", consistente en adoptar medidas de prevención y control empresarial que minimicen la comisión de delitos, se ha erigido como el mecanismo principal que sirve a este objetivo.

En dicha línea, el "rol" del responsable de dicha actividad, el compliance officer y, dando un paso más, de su posible responsabilidad penal, constituye una cuestión de gran importancia a la que dedicamos la presente colaboración.