Madrid, 8 de abril de 2026.– En el día de ayer se celebró la II Conferencia de Presidentes y Presidentas en formato telemático, con un único punto en el orden del día: el análisis de la reciente publicación de la Orden PJC/297/2026, de marzo, que regula las normas de cotización para el año 2026.
Con carácter previo, el presidente del Consejo General, Joaquín Merchán Bermejo, informó sobre las gestiones realizadas por la institución para trasladar su queja y rechazo ante la publicación de dicha norma en el BOE el pasado 31 de marzo, con entrada en vigor el 1 de abril de 2026 y efectos retroactivos desde el 1 de enero del mismo año. En este contexto, se han mantenido reuniones telefónicas con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, y con el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto, además del envío de escritos oficiales a los Ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se ha solicitado la celebración de reuniones, con carácter urgente, en ambos ministerios.
Paralelamente a estas acciones institucionales, el Consejo ha impulsado una campaña mediática para denunciar esta situación, mediante la publicación de diversos artículos de opinión en medios de comunicación de ámbito nacional, que han tenido también una importante repercusión en medios provinciales.
Durante la reunión, los presidentes y presidentas debatieron sobre las acciones que se deberían adoptar por el Consejo General como también por los Colegios Provinciales ante esta forma de legislar, que se viene repitiendo año tras año, diseñando una batería de medidas que se pondrán en marcha con carácter inmediato.
Entre las propuestas más compartidas, destaca la difusión de artículos de opinión y la organización de ruedas de prensa por parte de los Colegios Provinciales en medios locales, con el objetivo de trasladar que esta normativa no solo genera una carga de trabajo adicional e innecesaria para los profesionales, sino que también afecta directamente a las personas trabajadoras —que pueden ver regularizadas sus nóminas— y a las empresas, que podrían enfrentarse a ajustes en las cotizaciones o en las retribuciones ya abonadas.
Asimismo, se acordó el envío de escritos por parte de los Colegios a las Direcciones Provinciales de la Tesorería, a los subdelegados del Gobierno y a los agentes sociales, manifestando el malestar del colectivo ante lo que se considera un despropósito legislativo. Igualmente, se analizó la posibilidad de trasladar esta problemática a las instituciones europeas.
Por su parte, el Consejo General continuará trabajando en dos líneas principales: por un lado, en el ámbito institucional, mediante la celebración de reuniones con los secretarios de Estado de Seguridad Social y de Trabajo, así como el mantenimiento de un contacto permanente con la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social; y, por otro, a través de la denuncia mediática de esta situación. En este sentido, está prevista la convocatoria de una rueda de prensa este viernes en Madrid, así como la publicación de un artículo de opinión en el diario ABC.
En este sentido, desde el Consejo General y los Colegios Provinciales se está trabajando de manera coordinada, con paso firme y cuidando cada una de las acciones que se llevan a cabo. No obstante, y pese a la relevancia de este asunto —especialmente por su carácter reiterado—, se ha subrayado que esta situación no va a bloquear la agenda de trabajo de la corporación, que continuará avanzando en el cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados.
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