Madrid, 5 de marzo de 2026.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España valora muy positivamente la publicación del Proyecto de Real Decreto que amplía de tres a seis días naturales el plazo para comunicar las altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
Esta modificación normativa constituye una reivindicación histórica del colectivo de graduados sociales, que el Consejo General ha venido trasladando de forma reiterada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La medida supone, además, el cumplimiento del compromiso público asumido por la Ministra durante el acto de entrega de los Premios al Mérito Social celebrado el pasado mes de diciembre en el Senado.
La ampliación del plazo responde a las dificultades operativas derivadas de la acumulación de trámites en plazos muy reducidos y permitirá mejorar la gestión administrativa diaria, facilitando el cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación y cotización por parte de empresas y autónomos, al tiempo que contribuirá a reducir incidencias y sanciones innecesarias.
Beneficios para la práctica profesional
Mayor flexibilidad en la gestión
La modificación del artículo 32.3.2 del Real Decreto 84/1996 permitirá gestionar con mayor agilidad las comunicaciones de afiliación, especialmente en momentos de elevada carga administrativa como los cierres de mes o los periodos de campañas de cotización.
Mayor seguridad jurídica en la gestión diaria
La ampliación del plazo contribuirá a reducir errores y retrasos en las comunicaciones de afiliación y cotización, beneficiando directamente a empresas, autónomos y personas trabajadoras representadas por los graduados sociales.
Reconocimiento del papel del graduado social
La incorporación de esta medida refleja el reconocimiento por parte de la Administración del papel esencial que desempeñan los graduados sociales en la gestión del sistema de Seguridad Social.
Un avance fruto del trabajo institucional del Consejo General
Esta reforma es el resultado del trabajo desarrollado por el Consejo General en el marco de la Comisión de trabajo creada con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se han trasladado diversas propuestas de mejora normativa basadas en la experiencia profesional de los graduados sociales.
Este grupo de trabajo, liderado por Joaquín Merchan Bermejo, presidente del Consejo General está formado por Jose Luis Benito Bermejo, coordinador de la Comisión Técnica y presidente del Colegio de Segovia; Montserrat Cerqueda, decana del Colegio de Barcelona; Beatriz María Coto, presidenta del Colegio de Asturias, David Delgado, decano del Colegio de Navarra; José Crespo, presidente del Colegio de Alicante; María Isabel González, presidenta del Colegio de Huelva y Apollonia María Julià, directora del Observatorio de la Profesión.
Tras diversas reuniones técnicas celebradas desde el pasado año, el Proyecto de Real Decreto incorpora algunas de estas propuestas, entre ellas la ampliación del plazo para comunicar altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, así como modificaciones relevantes en materia de aplazamientos de deuda con la Seguridad Social, reduciendo el límite mínimo para su concesión hasta la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, en lugar del duplo del SMI actualmente vigente, que había quedado desactualizado tras las últimas subidas salariales.
Asimismo, el proyecto actualiza las cuantías relativas a los aplazamientos exentos de garantías, lo que contribuirá a agilizar procedimientos habituales en la gestión recaudatoria de la Seguridad Social.
Un logro del colectivo y del liderazgo institucional del Consejo
Desde el Consejo General queremos trasladar a todos los graduados sociales y graduadas sociales de España que este avance no es fruto del azar, sino del cambio de estrategia en la interlocución institucional impulsado por el Pleno, la Comisión Permanente y la Presidencia del Consejo General.
Este nuevo enfoque se basa en un trabajo técnico serio y riguroso, en el diálogo permanente con la Administración y en la presentación de propuestas legislativas concretas que respondan a las necesidades reales de la práctica profesional.
El Consejo General seguirá trabajando con determinación para defender los intereses del colectivo y mejorar las condiciones en las que los graduados sociales desarrollan su actividad profesional, impulsando reformas normativas que faciliten la gestión diaria de empresas, autónomos y personas trabajadoras. Un trabajo como se ha realizado y se continúa haciendo en la actualidad relativas al plan de pensiones de empleo del sector de la construcción, manteniendo un contacto directo con todas las partes implicadas y realizando un seguimiento necesario hasta que se ultimen todos los aspectos prácticos que conlleva este importante asunto.
Aunque se trata todavía de un proyecto normativo pendiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado, confiamos en que su aprobación definitiva permitirá consolidar un avance largamente reivindicado por nuestra profesión. Si quieres leer el proyecto de Real decreto, puedes hacerlo pinchando en el archivo en la parte inferior
