Madrid, 8 de octubre de 2026.- La primera de las intervenciones que se han realizado en esta Jornada ha sido una mesa con profesionales “Una Justicia, una visión compartida” cuyo moderador ha sido, Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, y donde han participado los tres presidentes de los Consejos Generales de la Abogacía, Salvador González Martin; de la Procura, Alberto Garcia Barrenechea; y de Graduados Sociales, Joaquín Merchán Bermejo.
El presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España ha destacado que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y la implantación de los Tribunales de Instancia representan “la mayor transformación organizativa del servicio público de Justicia en décadas”, aunque ha señalado que todavía es necesario un periodo de adaptación para poder valorar sus resultados con mayor perspectiva.
Durante su intervención Joaquín Merchán ha valorado positivamente algunos aspectos de la reforma, especialmente la especialización de los equipos de trabajo, la mejor redistribución de los recursos humanos y la posibilidad de reforzar aquellas unidades con mayor carga de trabajo. En este sentido, ha destacado la creación en algunas provincias de equipos específicos para las ejecuciones en la jurisdicción social, una medida que los Graduados Sociales vienen reclamando desde hace años.
Merchán ha insistido especialmente en la necesidad de avanzar en la especialización dentro de la jurisdicción social, tanto de los funcionarios como de los Letrados de la Administración de Justicia, dada la especificidad de materias como la conciliación, las ejecuciones o la propia Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Uno de los principales retos señalados por el presidente del Consejo ha sido la desigual implantación de la transformación digital de la Justicia. Ha advertido de que actualmente existen importantes diferencias territoriales y ha reclamado que todos los profesionales puedan disponer de las mismas herramientas, especialmente del Expediente Judicial Digital y de la Carpeta Justicia.
“No podemos tener en España un servicio público de Justicia con diferentes velocidades”, ha señalado, poniendo como ejemplo que todavía existen provincias en las que, pese a la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, no está plenamente operativo el expediente digital, llegando incluso a ser necesario trasladar físicamente autos entre oficinas.
En este ámbito, ha considerado prioritario avanzar en la interoperabilidad entre las aplicaciones de las comunidades autónomas y las herramientas del Ministerio de Justicia, evitando que los profesionales tengan que registrarse en diferentes sistemas para poder desarrollar su actividad.
También ha reclamado que la digitalización no suponga la desaparición de la atención personal al profesional. A su juicio, el expediente digital debe facilitar el trabajo, pero debe mantenerse una atención presencial y telefónica eficaz que permita resolver las cuestiones que requieren una respuesta inmediata.
Respecto a la conciliación anticipada en la jurisdicción social, ha explicado que su implantación está siendo muy desigual. Según la información trasladada por 32 colegios provinciales, 21 provincias no están celebrando conciliaciones anticipadas, mientras que en otras se aplica de forma parcial y únicamente algunas han puesto en marcha equipos específicos. A juicio del presidente del Consejo, el éxito de esta medida dependerá de que exista un verdadero compromiso con la conciliación y de contar con LAJ especializados y formados en técnicas de conciliación y mediación, evitando que se convierta en un mero trámite procesal.
Otro de los aspectos destacados ha sido la importancia de la cogobernanza y el diálogo con los operadores jurídicos. Merchán ha defendido el modelo de colaboración impulsado por el Ministerio de Justicia y ha considerado fundamental que abogados, procuradores y Graduados Sociales participen desde las primeras fases de elaboración de las normas y de las herramientas tecnológicas, y no únicamente durante los periodos formales de alegaciones.
Como conclusión, el presidente del Consejo General de Graduados Sociales ha reclamado que la transformación de la Justicia se desarrolle con una visión homogénea, digital, especializada y cercana al profesional, manteniendo la colaboración permanente entre el Ministerio y los operadores jurídicos.
“Las herramientas digitales deben ser un apoyo para el ejercicio profesional, pero nunca pueden servir para suprimir la atención personal a los profesionales”, ha subrayado.
Asimismo, el Presidente y el Vicepresidente 1.º, Juan Fernández Henares, que también participó en este acto, mantuvieron un encuentro privado con el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente. Una reunión que permitió abordar, en un marco cercano y de diálogo directo, diversas cuestiones de especial interés para los Graduados Sociales y para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la Justicia, así como trasladar las principales inquietudes y propuestas del colectivo. El encuentro puso de manifiesto, una vez más, la importancia de mantener abiertos estos espacios de interlocución institucional, desde los que seguir avanzando en soluciones que respondan a las necesidades reales de los profesionales y contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Justicia.
Estas jornadas celebradas en Ávila finalizan hoy y han sido de gran interés para todos los asistentes, donde grupos de trabajo de directores y directoras han intercambiado experiencias y buenas prácticas .
