• Los presidentes de los tres colegios profesionales han expuesto, en una reunión conjunta en el Ministerio de Justicia, las deficiencias detectadas en su funcionamiento y las preocupaciones compartidas.
• Para los tres organismos, las reclamaciones más urgentes son: la creación de la Comisión Mixta de Calidad y solucionar la falta de atención a los profesionales.
• Se ha elaborado un informe, a partir de las aportaciones de los Consejos Generales, en el que se detallan las incidencias más importantes y aporta propuestas para solucionar los problemas.
Madrid, 24 de junio de 2026. – Los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García, y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, acompañados por algunos miembros de sus respectivas juntas directivas, se han reunido hoy con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para abordar las preocupaciones de los profesionales de la justicia y los problemas detectados en la implantación de los Tribunales de Instancia de la Ley Orgánica 1/2025, seis meses después de su entrada en funcionamiento.
Los presidentes de los tres Consejos Generales consideran imprescindible la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad, prevista en la propia Ley, como primer paso para evaluar el funcionamiento de la reforma. González, García y Merchán reclaman una solución urgente a la falta de atención e interlocución que sufren a diario los profesionales de la abogacía en los órganos judiciales, en el ejercicio de su profesión.
"La constitución inmediata de la Comisión de Calidad prevista en la ley, no puede demorarse más, porque es el instrumento previsto en la ley para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones. La Abogacía seguirá colaborando con todas las instituciones para que esta reforma alcance los objetivos para los que fue concebida, pero es imprescindible actuar ya sobre las numerosas y graves deficiencias que estamos constatando en todo el territorio", ha destacado Salvador González.
La Ley Orgánica 1/2025
La Ley ha supuesto la mayor reorganización de la Justicia española en décadas, sustituyendo cerca de 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia, implantados de forma progresiva durante 2025 (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre). Paralelamente, el 3 de abril de 2025 entraron en vigor los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para numerosos procedimientos judiciales. Seis meses después de la primera fase de implantación, las tres profesiones jurídicas consideran necesario realizar una evaluación rigurosa del funcionamiento real del nuevo sistema basado en la experiencia de los miles de profesionales que trabajan en este sector, como son los abogados, los procuradores y los graduados sociales.
El informe presentado al Ministerio
La información procede de un informe del Consejo General de la Abogacía Española elaborado a partir de las aportaciones de los Consejos Autonómicos y de los Colegios de la Abogacía de todo el territorio nacional, que constatan mejoras, pero también importantes incidencias en la implantación del nuevo modelo organizativo.
Asimismo, las conclusiones destacan la disparidad de criterios en la aplicación de los MASC que genera inseguridad jurídica; graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales; y retrasos especialmente preocupantes en la ejecución de las resoluciones judiciales. Aunque el informe identifica algunas experiencias positivas en determinados territorios, el balance general evidencia que el nuevo modelo aún no dispone de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos por la reforma.
Asimismo, el Consejo General de Graduados Sociales ha elaborado un informe que recoge todas las incidencias trasladadas por los Colegios de Graduados Sociales y los Consejos Autonómicos en el ámbito de la jurisdicción social. Dichas incidencias han sido recopiladas y detalladas exhaustivamente, y posteriormente presentadas por este Consejo en la correspondent mesa de trabajo.
Propuestas realizadas
Tras las conclusiones de los respectivos informes, se propone una serie de mejoras encaminadas a paliar los problemas actuales en relación con los Tribunales de Instancia, que se suman a las otras dos compartidas también por los otros dos Consejos Generales sobre la Comisión y el trato a los profesionales.
Uno de ellos afecta a algo tan fundamental como la organización interna y la unificación de criterios. En este sentido Abogacía exige que cualquier futura reorganización vaya precedida de planes de formación del personal y se ordene conforme a criterios de especialización técnica, que se unifiquen los criterios y prácticas procesales para reducir la disparidad detectada y reforzar la seguridad jurídica, además de dotar de las anunciadas plazas judiciales y del resto de plantillas. Por ello, la institución solicita un plan para reducir la dispersión de sedes y adaptar definitivamente las instalaciones a las características del nuevo modelo organizativo.
Sobre la digitalización, se recomienda que se dote a todos los territorios de sistemas estables e interoperables, garantizar que el expediente sea accesible para todas las partes en igualdad de condiciones, por todas las partes, y asegurar la operatividad real de las salas.
Respecto a los MASC, un método que ha causado gran diversidad de opiniones se insta a la revisión del requisito de procedibilidad de estos métodos para acreditar el intento de acuerdo, la aprobación de un módulo retributivo específico al letrado de oficio y garantizar el pago puntual de todas las actuaciones del turno, incluidas las derivadas de estos mecanismos, y evitar que los costes asociados al MASC recaigan sobre los beneficiarios de la justicia gratuita.
En este encuentro, además de las personas anteriormente mencionadas, participaron la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago; la directora general para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé; y el vicepresidente primero del Consejo General de Graduados Sociales, Juan Fernández Henares. Junto con otros miembros de las juntas directivas de los tres Consejos Generales, analizaron las distintas propuestas planteadas por las partes con el objetivo de avanzar en soluciones consensuadas.
Durante la reunión, el secretario de Estado, manifestó su voluntad de abordar las incidencias derivadas de la implantación de las nuevas medidas y de reforzar el diálogo y la colaboración con los Consejos Profesionales. Asimismo, se acordó celebrar una nueva reunión el próximo 29 de julio para continuar trabajando en los asuntos tratados.
