Cádiz, 10 de julio de 2026.– El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha valorado positivamente la creación de una nueva plaza judicial en la jurisdicción social de Jerez de la Frontera, publicada en el Boletín Oficial del Estado dentro del Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.
La medida figura concretamente en el artículo 9.6 del Real Decreto, relativo a las Secciones de lo Social, donde se recoge la creación de la “plaza número 4 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Jerez de la Frontera”. Esta dotación permitirá que Jerez cuente con un cuarto órgano de lo Social, una reivindicación sostenida durante años por los profesionales que actúan diariamente ante esta jurisdicción.
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha destacado que la decisión del Ministerio de Justicia supone “un avance positivo” para la provincia. “Hemos visto con agrado la creación de un nuevo Juzgado de lo Social para la provincia, concretamente para la ciudad de Jerez. Esta demarcación tiene una relevancia fundamental y contar con un cuarto juzga es un paso importantísimo para dar salida al inmenso volumen de expedientes acumulados”, ha señalado.
No obstante, el máximo responsable de la corporación profesional ha advertido de que esta medida, aun siendo necesaria y bienvenida, “no resuelve por sí sola las graves carencias estructurales que sigue padeciendo la jurisdicción social en la provincia de Cádiz”. En este sentido, Fernández ha recordado que los graduados sociales vienen reclamando desde hace años un refuerzo integral de la planta judicial en Cádiz, Jerez y el Campo de Gibraltar, territorios donde los retrasos en señalamientos y resoluciones afectan directamente a trabajadores, empresas, pensionistas y beneficiarios de prestaciones.
Especialmente preocupante, según el Colegio, es la situación de Cádiz capital. “Nos hubiese gustado que el Ministerio atendiera las peticiones directas que le trasladamos respecto a la capital. En Cádiz hace falta, como mínimo, un juzgado más. La situación actual es de colapso absoluto, con señalamientos fijados ya para el año 2029. El tiempo apremia y es urgente resolver los asuntos pendientes; por ello reivindicamos que Cádiz cuente definitivamente con cinco juzgados”, ha afirmado José Blas Fernández.
El presidente también ha puesto el foco en el Campo de Gibraltar, donde la actividad económica, laboral, portuaria, logística e industrial exige una estructura judicial proporcionada a la realidad del territorio. “Resulta igualmente lógico y natural reclamar la dotación de nuevos órganos para Algeciras. Es un partido judicial que se encuentra actualmente mermado y empobrecido en cuanto al número de juzgados operativos frente a la demanda existente”, ha indicado.
Para el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, la jurisdicción social requiere una atención prioritaria por parte de las administraciones públicas, ya que en ella se dirimen conflictos especialmente sensibles: despidos, reclamaciones de cantidad, accidentes de trabajo, incapacidades, prestaciones de Seguridad Social, derechos laborales y situaciones que inciden de forma directa en la vida personal, familiar y económica de miles de ciudadanos.
José Blas Fernández ha subrayado, además, que la creación formal de una plaza judicial debe ir acompañada de una actuación coordinada entre las distintas instituciones competentes. “El Ministerio de Justicia ha aprobado la creación de esta plaza, pero ahora debe dotarse del correspondiente juez o magistrado por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y, al mismo tiempo, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, debe habilitar los equipamientos físicos, la sede judicial, la oficina y el personal administrativo necesario para que el juzgado pueda funcionar con plena eficacia”, ha explicado.
En este punto, el presidente ha insistido en la importancia de que los jueces y magistrados destinados a la jurisdicción social cuenten con la máxima especialización en materia laboral y de Seguridad Social. “La calidad de las sentencias, la diligencia en la tramitación y la eficacia del servicio público dependen también de que quienes asumen estos órganos conozcan en profundidad una materia tan técnica, cambiante y determinante para la ciudadanía como es el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, ha añadido.
El Colegio también ha mostrado su preocupación por el reparto territorial de las nuevas unidades judiciales aprobadas. “Existe un profundo desconsuelo en la profesión al comprobar el actual reparto. Para Andalucía se van a crear la mitad de los juzgados que se han destinado a Cataluña, a pesar de las acuciantes necesidades de nuestra tierra. Observamos cómo el grueso de las nuevas dotaciones se marcha a aquella zona, dejando a la justicia andaluza en clara desventaja”, ha advertido Fernández.
